La gestión política y la represión policial del movimiento de personas se ha convertido en una “cuestión de seguridad” aparentemente crucial para las sociedades europeas, impulsada por una securitización que promueve la venta de tecnologías fronterizas y fomenta un profundo racismo institucional, al tiempo que se externalizan las responsabilidades y las violaciones de derechos humanos en las fronteras y se ignora el contexto geopolítico global que influye en los movimientos migratorios.