El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento de Retorno, una normativa que permitirá endurecer las expulsiones y el control de las personas migrantes dentro de la Unión Europea. El documento prevé la creación de centros de retorno en terceros países, la agilización de las deportaciones y la posibilidad de alargar la detención de migrantes hasta 12 meses, prorrogables a un año más. También obliga a las personas afectadas a colaborar en el proceso de retorno, con sanciones si no lo hacen.
Esta medida, inspirada en el modelo italiano de externalización, ha generado gran preocupación entre entidades y sectores de la sociedad civil, que alertan del riesgo de endurecimiento de la política migratoria europea y de posibles vulneraciones de derechos fundamentales. El debate pone de manifiesto las tensiones dentro de la UE sobre cómo gestionar la migración y las fronteras, y el equilibrio entre seguridad y protección de los derechos humanos.