El Tribunal Supremo decidirá esta semana si suspende cautelarmente el decreto del Gobierno para regularizar migrantes, tras analizar cinco recursos presentados por entidades y administraciones como Vox o la Comunidad de Madrid.
Los recurrentes consideran que la medida excede el marco legal y puede tener efectos irreversibles, mientras que el Gobierno defiende que la regularización podría beneficiar a unas 500.000 personas.