A consecuencia de la DANA, el gobierno español ha aprobado una regularización temporal de un año para más de 25.000 personas migrantes afectadas, permitiéndoles residir y trabajar legalmente. No obstante, la medida resulta insuficiente, ya que muchas personas reclaman una regularización definitiva que garantice derechos laborales y sociales a largo plazo, más allá de la solución temporal propuesta.