El preacuerdo entre Junts y el PSOE permitiría a la Generalitat asumir competencias en inmigración, incluyendo el control fronterizo, la gestión de los CIE, la expedición de NIE y las órdenes de expulsión. Esta delegación de responsabilidades será clave para la gestión autonómica, pero será necesario seguir de cerca su aplicación y la coordinación con los tribunales, en caso de que la ley se apruebe.