El grupo de los veintisiete de la UE acordó ayer —8 de diciembre de 2025— una nueva reducción de los estándares de solidaridad internacional y del interés por la protección del derecho internacional humanitario.
El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado a mediados de 2024 —que entrará en vigor en junio de 2026—, ya suponía un evidente paso hacia la desprotección de las personas potencialmente solicitantes de asilo y protección internacional. Un enfoque securitario de los retos migratorios de la UE basado en ideologías racistas y xenófobas. Este nuevo acuerdo no solo inicia la puesta en marcha de este nuevo pacto, sino que rebaja aún más la coordinación y la solidaridad entre los países de la institución europea.
Se reducen las ayudas a los países que afrontan una mayor presión migratoria —Chipre, Grecia, Italia y España—, que deberían destinarse a la gestión migratoria para una gestión mejorada y más eficiente de unos servicios que están saturados y que ya imposibilitan el acceso al derecho de asilo y a la protección internacional. También se reduce el número de posibles reasentamientos de personas migrantes en otros países de la UE.
En cambio, se amplía la lista de países considerados “países seguros”, incluyendo a los países aspirantes a entrar en la UE, Egipto, Bangladesh, Colombia, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Estos serán considerados territorios donde la persona no correrá peligro por cuestiones de sexo, raza o religión, entre otras. De este modo, se imposibilita prácticamente la solicitud de asilo por parte de personas procedentes de estos países.
Finalmente, uno de los puntos más peligrosos del acuerdo es la creación de centros de deportación en terceros países fuera de la UE. Países que no necesariamente tendrían relación alguna con los países de origen de las personas deportadas. Un modelo similar al que quería implementar Meloni en Albania o al que lleva a cabo D. Trump en El Salvador. En casos ya implementados, como los centros en Túnez o Mauritania con financiación de la UE, se ha demostrado que la supuesta garantía de protección de los derechos humanos solo existe sobre el papel.
Desde la Fundación ACSAR queremos volver a manifestar nuestro rechazo hacia la dirección xenófoba que están tomando las políticas (anti)migratorias de la Unión Europea. No solo no se está protegiendo, sino que se está atentando directamente contra el derecho de asilo y la protección internacional, así como contra el derecho internacional humanitario en general. Es necesario dar un giro de 180º y repensar estas políticas desde una perspectiva humanitaria, situando en el centro la protección de las personas y los derechos humanos.