Los tribunales han anulado 232 expulsiones de jóvenes migrantes de centros de menores en Cataluña desde 2021, basadas en pruebas de edad criticadas por su baja fiabilidad. Estas evaluaciones, realizadas en más de mil casos en cinco años, se han aplicado a menudo a pesar de la existencia de documentación como pasaportes que los acreditaban como menores.
Los métodos son criticados por su imprecisión científica —con márgenes de error de hasta 2-4 años— ya que no consideran factores étnicos, nutricionales o culturales, y son considerados invasivos por organismos como la ONU, el Consejo de Europa y el Síndic de Greuges. La doctrina del Tribunal Supremo limita su uso a casos excepcionales, priorizando la documentación válida y la protección infantil, pero se aplican por dudas subjetivas sobre la “fiabilidad” de los documentos.
Las expulsiones han dejado a muchos jóvenes desprotegidos, exponiéndolos a riesgo de sinhogarismo, falta de acceso a vivienda o trabajo, y problemas de salud mental como ansiedad y desesperanza, según entidades como Obrim Fronteres y el Síndic de Greuges.