El artículo denuncia que las personas migrantes sufren especialmente la crisis de la vivienda, agravada por el racismo, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a un alquiler digno. También expone situaciones de discriminación, desahucios y exclusión social. Reclama políticas de vivienda con perspectiva antirracista que garanticen este derecho a todas las personas.