Desde la Fundación ACSAR aplaudimos la existencia de un proceso de regularización extraordinaria para personas migradas en situación administrativa irregular. Por otro lado, tenemos críticas al procedimiento.

Consideramos que es necesario remarcar cómo la forma de esta regularización extraordinaria puede no adecuarse a muchas realidades y, por tanto, deja fuera del proceso a personas que cumplen las condiciones para adherirse.

En primer lugar, nos encontramos con un problema de raíz que es estructural y sistémico. Existe una grave falta de recursos – especialmente humanos – para las gestiones administrativas en el ámbito de migraciones, asilo y protección internacional. De este modo, aunque existan procesos de regularización y derechos para las personas recién llegadas, el bloqueo del sistema y la inexistencia de citas limitan de manera directa el acceso a los mismos.

En este caso, la habilitación de nuevos centros donde poder presentar documentación – así como oficinas de Correos – es una iniciativa tan positiva como insuficiente. La falta de espacios no se restringe a la fase de presentación de documentos, sino que también se manifiesta en las etapas previas, especialmente en los procesos de obtención de la documentación y de cumplimentación de los formularios. Estos pasos dependen en gran medida de entidades no gubernamentales con recursos limitados y escaso margen de maniobra ante un proceso de la magnitud del actual.

Sin embargo, existen también otras complicaciones burocráticas para acceder a la regularización.

En ciertos casos, la obtención de antecedentes penales de los últimos cinco años en el país de origen puede llegar a ser imposible. Hay países que – ya sea por una situación de inestabilidad política, guerra o inoperatividad – no tendrán la capacidad de ofrecer esta documentación. La solución planteada en estos casos, presentando la prueba de no respuesta y dejando en manos del Departamento de Justicia la obtención – o no – de dicho documento a través de la vía diplomática, deja al azar la regularización de muchas personas.

Finalmente, la obtención de un certificado de vulnerabilidad – obligatoria en algunos casos para poder acceder al trámite – es interpretada desde la Fundación ACSAR como una traba burocrática sin demasiada justificación. Las demás condiciones para acceder al trámite conducen necesariamente a una situación de vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad. Es decir, las personas que llevan en el Estado español un mínimo de 5 meses en situación irregular y, por tanto, sin permiso de residencia ni de trabajo, están per se en una situación clara de vulnerabilidad.

Además, este certificado debe estar sellado por servicios sociales o entidades RECEX. Una vez más, en estas existe una evidente limitación de recursos humanos para hacer frente a la demanda masiva de certificados.

Es difícil que un proceso de tal magnitud pueda adaptarse en su forma a todas las realidades, ya que hablamos, según estimaciones aproximadas, de más de medio millón de casos y personas.

Es precisamente por todo ello que proponemos lo siguiente:

  • por un lado, formular estos procesos de manera más flexible
  • dotarlos de manera que existan recursos humanos suficientes para que todas las personas puedan acceder a sus derechos. Derecho a migrar, derecho a una vida digna.
  • adaptar los trámites burocráticos a las distintas realidades de las personas migradas en España y Cataluña, así como aumentar la inversión en recursos para su tramitación.

Desde la Fundación ACSAR, queremos reiterar todo nuestro apoyo a la iniciativa para la regularización extraordinaria de personas migradas.