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El 14 de noviembre, y por tercer año consecutivo, presentamos la nueva edición anual del informe sobre el estado de la inmigración en Cataluña. Este es un informe ya tradicional del Observatorio de las Migraciones y el Refugio en Cataluña de la Fundación ACSAR.
En este caso, la redacción corrió a cargo del equipo formado por Valeria Bello y Lluc Torrella. Valeria (doctora en Sociología Política, 2007, Universidad de Florencia “Cesare Alfieri”) es actualmente profesora titular en migración y seguridad en Blanquerna FCRI / Universidad Ramón Llull. Anteriormente había trabajado en Naciones Unidas —de 2012 a 2018— como Senior Research Fellow en el ámbito de migraciones, seguridad y desigualdades. También cuenta con experiencia como investigadora postdoctoral Marie Curie en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (2009-2011), y comenzó su carrera como profesora asistente doctora y asistente en la coordinación del Jean Monnet Centre of Excellence de la Universidad de Trento, Italia (2003-2009). Es autora de más de 50 trabajos científicos y de decenas de informes para instituciones nacionales y organismos internacionales, como Naciones Unidas, OIM, Pacific Islands Secretariat, Ministerio de Defensa de España, etc. Es autora del libro *International Migration and International Security. Why Prejudice is a Global Security Threat* (Routledge, 2017), que fue presentado el 21 de abril de 2017 en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York y fue el libro más leído en la Biblioteca Hammarskjöld de la ONU en 2018.
Por su parte, Lluc Torrella Llauger es investigador junior en el grupo de investigación GLOBALCODES y en el Instituto de Investigación en Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna-URL. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Seguridad Internacional por el IBEI (Instituto Barcelona de Estudios Internacionales). Anteriormente ha trabajado como becario en CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), en el Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, y ha sido miembro del European Student Think Tank.
Al igual que en las ediciones anteriores, el informe se ha dividido en distintos bloques. En primer lugar, el Bloque I presenta las competencias de Cataluña en materia de inmigración y estudia las posibilidades de incrementar la descentralización de la gestión migratoria en el contexto español. El Bloque II trata específicamente la cuestión del refugio y el asilo, detallando las cifras y la evolución del fenómeno en la realidad catalana. Finalmente, el Bloque III parte de la reforma de la Ley de Extranjería de 2022 y de la Iniciativa Legislativa Popular y las enmiendas propuestas para estudiar sus efectos en la regularización de inmigrantes. El estudio sirve de base para una serie de recomendaciones y posibles mejoras del sistema de acogida y refugio en Cataluña en una época marcada por la aparición de la extrema derecha en el Parlamento de Cataluña y el refuerzo que esto implica para contrarrestar las narrativas xenófobas y antiinmigración, así como para promover un debate informado y neutral sobre estas cuestiones tan cruciales en la actualidad.
Junto con los bloques de años anteriores, cada vez se genera un contexto más amplio sobre la situación de Cataluña en el ámbito de la inmigración. Algunas de las temáticas tratadas anteriormente incluyen cuestiones como la situación laboral, la educación o la vivienda.
El informe de 2023 se puede encontrar en la web de la Fundación ACSAR.
El acto de presentación del informe se celebró, una vez más, en el Palau Macaya. Concretamente en la Sala Macaya, un espacio idóneo para generar debate entre todas las personas asistentes al acto. Entre ellas participaron representantes de instituciones catalanas. Concretamente, el director general de inmigraciones de la Generalitat de Cataluña, el Sr. David Moya, y representantes de distintos ayuntamientos catalanes.
Por otro lado, asistieron también representantes de diferentes partidos políticos catalanes; más de una decena de entidades del tercer sector, como Cáritas, Cruz Roja, el CCAR, ACONPAZ o el Fondo Catalán de Cooperación; universidades y sindicatos.
Las conclusiones y recomendaciones del informe y del posterior debate en el Palau Macaya de cada uno de los bloques fueron las siguientes:
**Competencias de Cataluña en materia de inmigración:**
Para desarrollar plenamente las competencias en materia de inmigración derivadas del Estatuto de Autonomía de Cataluña, es imprescindible reactivar las comisiones bilaterales de traspaso de competencias con el objetivo de ampliar las atribuciones exclusivas en el ámbito de empleo e inmigración. En este sentido, el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) debe desempeñar un papel determinante, siempre con el acuerdo de la comisión autonómica específica encargada de determinar las necesidades del mercado laboral, que incluye representantes del SOC, sindicatos y patronales. Esto permitiría gestionar de manera más eficaz la contratación en origen.
Es necesario establecer mecanismos ágiles de comunicación entre el SOC y los consulados españoles en el exterior, acompañados de una mayor implicación de las oficinas de la Generalitat en el exterior y de los servicios públicos de empleo de los países de origen. Paralelamente, sería necesario ampliar las competencias de la Generalitat no solo en la concesión de las primeras autorizaciones de trabajo, sino también en su renovación. Esto podría extenderse a la concesión de los permisos de residencia vinculados a las autorizaciones de trabajo, con el objetivo final de unificar estos permisos en un solo trámite.
Además, debería implementarse una ventanilla única que facilite los trámites entre la Generalitat, los ayuntamientos y la administración central, con el fin de eliminar la problemática actual derivada de la falta de citas previas, que a menudo se ha convertido en un negocio. Esta simplificación debería ir acompañada de un aumento de los recursos económicos, humanos y técnicos disponibles para las administraciones catalanas competentes, con el objetivo de agilizar los trámites y ofrecer un servicio más cercano, eficaz y de calidad.
También es necesario incrementar los recursos destinados a políticas de inclusión social y participación, garantizando la igualdad de derechos en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda y la participación social y política. Finalmente, es imprescindible aumentar los recursos disponibles para las entidades y organizaciones cívicas y sociales, especialmente aquellas que trabajan en ámbitos clave como el laboral, educativo y vecinal, con el fin de fomentar una sociedad más inclusiva y cohesionada.
**Asilo y refugio:**
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados debe aplicarse sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, género o nacionalidad, garantizando así el máximo respeto de los derechos fundamentales y un trato justo a todas las personas solicitantes. En este contexto, es especialmente importante fomentar la posibilidad de presentar solicitudes de asilo directamente en los consulados, facilitando el acceso al proceso de protección internacional desde el exterior.
El Gobierno español debe evitar utilizar el derecho de asilo como una herramienta política. La gran diversidad en las tasas de aceptación de solicitudes genera preocupación, ya que a menudo este derecho parece estar subordinado a la política exterior del Estado, lo que comprometería su imparcialidad y justicia.
Además, es necesario resolver la problemática actual de acceso a citas para solicitar asilo. Las oficinas de extranjería gestionadas por cuerpos policiales no disponen de un sistema funcional de solicitudes en línea, y las líneas telefónicas suelen ser inoperativas. Estas deficiencias provocan que las personas recién llegadas tengan que esperar hasta seis meses para iniciar el proceso, alargando considerablemente los plazos para obtener asilo.
Para abordar estas dificultades, es fundamental ampliar los recursos económicos y humanos de las administraciones autonómicas y avanzar hacia la unificación del sistema de solicitudes entre la Generalitat, los ayuntamientos y la administración central, con el objetivo de garantizar un acceso más ágil y eficiente al derecho de asilo.
**Regularización:**
Las autoridades competentes deben promover un proceso de regularización que evite la creación de situaciones de vulnerabilidad, ya que estas no solo afectan a los derechos de las personas migrantes, sino que también perpetúan una división entre inmigrantes de “primera” (en situación administrativa regular) y de “segunda” (en situación irregular, con todos los retos que ello implica).
En el marco actual, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria en trámite en el Congreso, es fundamental corregir las exclusiones que afectan a colectivos específicos, como las trabajadoras del hogar, que de facto quedan fuera del procedimiento para solicitar el arraigo laboral.
Además, es necesario asegurar una financiación adecuada para entidades de investigación y ONG que permita realizar estudios rigurosos sobre el número real de personas en situación irregular y analizar el impacto de las medidas legislativas adoptadas en materia de regularización. Este análisis es esencial para garantizar una base sólida en la toma de decisiones políticas, ya que la falta de datos precisos limita las conclusiones sobre estas cuestiones.
La gestión futura de la regularización requiere también abordar la dimensión discursiva. Es esencial combatir la polarización y la politización del debate sobre inmigración en España y Cataluña, ya que estas tendencias alimentan discursos xenófobos y populistas que ponen en riesgo la salud democrática y la protección de las personas vulnerables. En este sentido, es imprescindible reconocer que la situación administrativa irregular tiene un profundo impacto vulnerador de los derechos humanos y que esto debe ser uno de los principales motivos para integrar a las personas migrantes en el sistema de bienestar, más allá de consideraciones económicas.
Además, es urgente agilizar el proceso de regularización, tratándolo como una medida no solo puntual, sino también integrada en una futura reforma de la Ley de Extranjería. Esta reforma debe incorporar un mecanismo más eficiente y menos discriminatorio que permita la regularización sistemática de las personas migrantes. Sin esta transformación, las personas en situación irregular que no puedan acogerse a las disposiciones actuales —ya sea la reforma de 2022 o la ILP— seguirán viendo su situación cronificada, lo que solo contribuirá a aumentar un colectivo ya extremadamente vulnerable.