Europa continúa con la securitización de los procesos migratorios, priorizando el cierre hermético de las fronteras frente al respeto a los derechos humanos y a las obligaciones internacionales en materia de asilo.

Hasta cinco países de la UE firman un acuerdo con Ruanda para deportar a migrantes con una solicitud de protección internacional denegada y que no puedan ser retornados a su país de origen.

Esta es, una vez más, una decisión que pone en peligro la vida y las libertades de aquellas personas que han tenido que huir de su país de origen. La UE no puede asegurar ni comprobar que los derechos de estas sean respetados a medio y largo plazo tras la deportación a un país catalogado como “no libre” por Freedom House. Así, estas prácticas pueden entrar en conflicto con el principio de no devolución, recogido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra, que prohíbe retornar a personas refugiadas a territorios donde su vida o libertad puedan estar amenazadas.

En los últimos años, la aprobación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y el impulso de acuerdos para externalizar los procedimientos migratorios y establecer centros de retorno fuera del territorio europeo, siguiendo el modelo promovido por el gobierno de Giorgia Meloni, han consolidado una deriva política que prioriza el control migratorio por encima de la protección de las personas. Una tendencia que contribuye a la criminalización, la deshumanización y la vulneración de los derechos de las personas migrantes.

Desde la Fundación ACSAR, una vez más, manifestamos una firme oposición a estas políticas y pedimos a los gobiernos catalán y español, así como a los partidos políticos, que actúen para detener la escalada securitaria de la Unión Europea en políticas migratorias ante el constante ataque a los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.